201807.13

Preocupación ante la interpretación de las palabras de la ministra de Educación.

Numerosas familias y docentes de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires (FDSM) nos han manifestado su preocupación ante la interpretación que se hace en prensa de las palabras de la actual ministra de educación, Isabel Celaá. 

Por eso, desde la FDSM queremos transmitir serenidad y calma, para dar tiempo a la administración, que aclare sus intenciones. Nos sorprenderían que fuesen ciertas, ya que se estaría manejando de forma errónea el principio de subsidiariedad e incumpliendo la legislación vigente.

El principio de subsidiariedad es el principio en virtud del cual el Estado ejecuta una labor orientada al bien común, cuando advierte que los particulares no la realizan adecuadamente, sea por imposibilidad sea por cualquier otra razón. Este principio pide al Estado que se abstenga de intervenir allí donde los grupos o asociaciones más pequeñas pueden bastarse por sí mismas en sus respectivos ámbitos. Por tanto, ni la educación pública es subsidiaria de la educación concertada ni a la inversa, las dos son subsidiarias de la educación realizada en el núcleo familiar y corresponsables en la tarea de la educación. Siempre respetando el derecho de las familias a escoger la educación que quieren para sus hijos. Ambas ofrecen un servicio de calidad a la sociedad y la coexistencia garantiza la libertad de enseñanza que consagra la Constitución. 

Para poder realizar los cambios que propone la ministra, no sólo habría que modificar la LOMCE sino también parte de la legislación vigente como el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza (Constitución Española, art. 27.3) derecho propio de un país democrático que justificó que en 2016 se aprobara el currículo de la enseñanza otras religiones; el derecho a la libertad ideológica (Constitución española, art. 16.1); el derecho a la libertad de cátedra (Constitución española, art. 20.1) y el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 1979 sobre enseñanza y asuntos culturales. Pero, además, la ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, y por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, donde en su artículo 14, punto tercero, específica “el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas” 

Respecto a la propuesta de eliminar el valor académico de la asignatura de religión, nos ratificamos en las declaraciones del Comité Ejecutivo de la Conferencia  Episcopal Española; “La asignatura de religión debe tener una consideración adecuada en el sistema educativo. Es necesaria para una formación integral de la persona, según la libre decisión de los padres, y no puede ser sustituida por una ética del estado impuesta por los poderes públicos.”